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Sheinbaum contempla investigar a Carlos Ulloa por adquisición de inmuebles

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría Anticorrupción podría revisar la compra de dos departamentos realizada por Carlos Ulloa.

Redacción Letra Impresa
Foto: sdpnoticias.com

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, abrió la posibilidad este sábado de que la Secretaría Anticorrupción inicie una revisión sobre la adquisición de dos departamentos realizada por Carlos Ulloa. Durante un encuentro con medios de comunicación, la titular del Ejecutivo federal subrayó que cualquier funcionario público o exfuncionario debe estar sujeto al escrutinio de las instituciones encargadas de velar por la transparencia y el uso correcto de los recursos.

El señalamiento surge a raíz de cuestionamientos sobre la compra de los inmuebles, los cuales fueron adquiridos mediante pagos de contado. La mandataria enfatizó que el compromiso de su administración es mantener una política de cero tolerancia frente a posibles irregularidades patrimoniales, garantizando que ninguna figura política esté exenta de rendir cuentas si existen dudas sobre el origen de sus bienes.

Desde el Palacio Nacional, se adelantó que la Secretaría Anticorrupción tiene la facultad de solicitar la información necesaria para determinar si existen elementos que ameriten una investigación formal. La instrucción, de concretarse, seguiría los protocolos establecidos en la ley para auditar el crecimiento patrimonial de quienes han ostentado cargos dentro de la estructura gubernamental.

Por su parte, fuentes cercanas a la administración federal indicaron que, aunque no se ha emitido una orden directa de sanción, la transparencia es un eje rector de su gestión. Se espera que en los próximos días las autoridades competentes analicen la documentación relacionada con las operaciones inmobiliarias para deslindar cualquier responsabilidad administrativa o legal.

El caso se suma a la agenda de vigilancia institucional que la presidenta ha promovido para fortalecer la confianza ciudadana en el servicio público. La postura del gobierno federal busca que cualquier sospecha de enriquecimiento inexplicable sea aclarada conforme a los procesos de fiscalización vigentes en el sistema jurídico mexicano.

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