Segob propone aumento presupuestal para atención migratoria y defensa jurídica en 2027

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó formalmente su propuesta para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al ejercicio fiscal 2027. Dentro de los rubros prioritarios para el próximo año, la dependencia ha planteado un incremento presupuestal de 119.8 millones de pesos destinados específicamente al fortalecimiento de la defensa jurídica, la atención integral en materia migratoria y la gestión de trámites testamentarios a nivel nacional.

De acuerdo con los documentos entregados por el equipo hacendario a la Cámara de Diputados, este ajuste busca robustecer las capacidades operativas de las áreas encargadas de brindar acompañamiento legal a grupos vulnerables. La propuesta subraya la necesidad de ampliar la cobertura en las oficinas de representación estatal, donde la demanda de asesoría sobre regularización migratoria y certeza jurídica patrimonial ha mostrado una tendencia al alza en los últimos meses.

El desglose de la partida presupuestal enfatiza que estos fondos adicionales permitirán mejorar la infraestructura administrativa necesaria para la expedición de testamentos y documentos de identidad. Con ello, la Segob pretende reducir los tiempos de espera y optimizar los servicios que se brindan a través de las diversas ventanillas de atención ciudadana distribuidas en todo el territorio mexicano.

La propuesta ahora se encuentra en manos de los legisladores, quienes deberán analizar y, en su caso, aprobar las partidas presupuestales durante los próximos meses de discusión en San Lázaro. Representantes de la dependencia han señalado que este incremento es fundamental para cumplir con los objetivos estratégicos de gobernabilidad y protección de los derechos humanos que se han planteado para la segunda mitad de la administración federal.

Este ajuste en el gasto público refleja el interés de la actual administración por centralizar esfuerzos en la resolución de problemas legales cotidianos de los ciudadanos. Se espera que, de ser aprobado, el recurso sea distribuido de forma equitativa entre las entidades federativas con mayor flujo migratorio y aquellas que presentan una alta demanda en los servicios de notaría pública y asesoría jurídica gratuita.