SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes que la impartición de justicia en casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos debe realizarse, de manera obligatoria, con una perspectiva de género e interseccionalidad. La resolución subraya que los juzgadores tienen el deber de analizar el contexto de vulnerabilidad específica que enfrentan estas mujeres, superando las visiones formales que omiten las desigualdades estructurales por razones de género.

La decisión judicial establece que la aplicación de este enfoque no constituye una opción discrecional para los tribunales, sino una obligación constitucional. Al juzgar estos eventos, las autoridades deben considerar que la labor de defensa de derechos humanos suele colocar a las mujeres en una situación de riesgo diferenciado, donde la violencia se manifiesta a través de represalias que buscan silenciar su activismo en comunidades y espacios públicos.

Los ministros destacaron que la interseccionalidad es fundamental para comprender cómo factores como la pertenencia a grupos indígenas, la situación socioeconómica o la ubicación geográfica agravan la violencia ejercida. De esta forma, el Poder Judicial busca garantizar que las investigaciones y los procesos penales no invisibilicen los motivos detrás de la desaparición, exigiendo que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) integren estos elementos desde la etapa inicial de las carpetas de investigación.

Este precedente judicial busca reducir la impunidad en casos que han afectado a colectivos y organizaciones civiles en diversas entidades del país. Con este fallo, la SCJN reafirma su compromiso con el acceso a la justicia para grupos históricamente marginados y establece una guía de actuación clara para los jueces de distrito y magistrados, quienes deberán ajustar sus criterios para evitar la revictimización y asegurar una reparación integral del daño.

La sentencia también hace un llamado a las autoridades de seguridad pública para que, en el marco de sus funciones, colaboren con las autoridades judiciales aportando elementos que permitan identificar patrones de violencia de género. Este cambio en la doctrina judicial representa un paso significativo para fortalecer el estado de derecho y proteger a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos fundamentales en México.