Investigan a Nike por presunta discriminación en políticas de diversidad
El gobierno estadounidense inició una revisión sobre las prácticas corporativas de Nike, en el marco de una política nacional contra los programas de equidad.

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una investigación formal contra la empresa de artículos deportivos Nike, bajo acusaciones de presunta discriminación contra personas blancas en sus procesos de contratación y promoción interna. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia encabezada por el presidente Donald Trump, quien busca erradicar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) tanto en el sector público como en las corporaciones privadas del país.
La administración federal ha señalado que estas políticas corporativas podrían contravenir los principios de igualdad de oportunidades, argumentando que los criterios de selección basados en identidad grupal generan sesgos discriminatorios. Representantes de la actual gestión indicaron que el objetivo es asegurar que las prácticas de recursos humanos se basen exclusivamente en el mérito individual, eliminando cualquier esquema de acción afirmativa que priorice perfiles por su origen étnico o racial.
Por su parte, el equipo legal de la compañía ha comenzado a colaborar con las autoridades para responder a los requerimientos de información solicitados. Aunque la empresa no ha emitido una postura oficial detallada, fuentes cercanas al caso sugieren que la firma revisará sus manuales internos de cultura organizacional para ajustarse a los nuevos lineamientos federales, los cuales han generado un intenso debate en el sector empresarial sobre los límites de la responsabilidad social corporativa.
Este caso se suma a una serie de acciones legales impulsadas desde la Casa Blanca para desmantelar los departamentos de diversidad en grandes firmas estadounidenses. Especialistas en derecho laboral advierten que esta tendencia podría transformar permanentemente la gestión de talento en las empresas multinacionales, obligando a las corporaciones a rediseñar sus esquemas de contratación frente a una vigilancia federal más estricta en temas de equidad.
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